EL PROYECTO DE LEY CONTRA EL DESPERDICIO AFECTARÁ A TODA LA CADENA ALIMENTARIA
12 Junio, 2022
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario para reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento.
Durante el año 2020, se calcula que los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos de alimentos, una media de 31 kilos por persona, que suponen unos 250 euros por persona y año.
La ley trata de fomentar buenas prácticas desde la cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, tanto en el hogar como en bares y restaurantes.
Para ello, todos los agentes y empresas de la cadena alimentaria tienen la obligación de disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio, mediante un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identificar dónde se producen las pérdidas de alimentos, fijar medidas para minimizarlos y destinarlos a otros usos.
Para la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
De no ser posible entregar la comida para el consumo humano, los alimentos sobrantes se deben transformar en otros productos como zumos o mermeladas y la tercera opción es que sirvan para la alimentación animal.
El régimen sancionador prevé sanciones entre 2.001 y 60.000 euros.
El Anteproyecto de Ley, que ahora deberá someterse a debate parlamentario, supondrá que España sea el tercer país europeo en disponer de una legislación nacional para frenar este problema, después de Francia e Italia.
Obligaciones específicas para las empresas de hostelería y restauración.
Las empresas de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido, salvo en los formatos de servicio de bufé libre o similares donde la disponibilidad de comida no está limitada.
Se deberá informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en la carta o en el menú.
Las Administraciones públicas junto con el sector de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios deberán fomentar:
a) la incorporación de criterios de compra sostenible (tales como alimentos frescos, de temporada, locales o ecológicos) para reducir la huella ambiental y promocionar la economía de proximidad
b) la flexibilización de los menús, para que el consumidor pueda elegir la guarnición o raciones de distinto tamaño.
c) la donación de alimentos con fines sociales.
d) la entrega a instalaciones de compostaje de los restos alimentarios conforme a la normativa de residuos.
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