Aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

El objetivo de la ley es reducir el volumen de pérdidas y desperdicio alimentario, que perjudica especialmente a los más necesitados, al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad, disminuir los residuos y el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sector productivo. 

 

Se trata de un marco legal para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación en toda la cadena alimentaria. 

 

La nueva norma busca fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación, la reutilización de subproductos y la donación.

 

Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables, si bien debe cobrar por los envases de plásticos de un solo uso como establece la Ley de residuos 7/2022.

 

La ley también articula medidas de buenas prácticas en cuestiones como la venta de productos 'imperfectos'; de productos de temporada, de proximidad o ecológicos. Y también para la venta de productos de consumo preferente o de caducidad próxima.

 

El anteproyecto de ley se aprobó en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre, y posteriormente se sometió al trámite de audiencia pública. La iniciativa legislativa contiene 18 artículos estructurados en seis capítulos: disposiciones generales; obligaciones de los agentes de la cadena alimentaria; medidas de buenas prácticas; racionalización de las fechas de consumo preferente; instrumentos para el fomento y control; régimen sancionador.

 

 

 

La nueva ley establece la obligatoriedad para todos los agentes de la cadena alimentaria de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio y que las empresas realicen un autodiagnóstico para identificar las áreas donde se producen pérdidas de alimentos e implementen medidas para minimizarlas.

 

Para la donación de los excedentes de alimentos, se deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, debiendo recoger las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos. 

 

Quedarán exceptuados de la obligación de realizar estos convenios de donación las actividades de distribución alimentaria en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m2.

 

En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en otros productos como zumos o mermeladas. Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles. 

 

 

Asimismo, el proyecto de ley establece medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos, o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos. 

 

Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. 

 

Por su parte, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años.

 

 

 

Durante el año 2022, cada hogar español desperdició, de media, aproximadamente 65,5 kilos o litros de alimentos y bebidas. Los productos sin elaborar siguen siendo los más desperdiciados, aunque en 2022 fueron un 9 % menos que en 2021. Respecto a los platos cocinados, su desperdicio aumentó un 6,7 % respecto a 2021.

 

En cuanto al comportamiento fuera del hogar, aunque el consumo alimentario aumentó un 6,1 % en el año 2022, se produjo una reducción del desperdicio del 11,3 %, lo que supone una reducción en más de 4 millones de kilos o litros respecto del 2021.